Ley Orgánica del Registro Civil PDF Imprimir E-mail

 

U
na de las instituciones creadas por Benito Juárez fue la del Registro Civil, nacida en los meses más álgidos de la Guerra de Reforma, cuando Juárez y su generación emprendieron la formulación y expedición de una serie de leyes que intentaban establecer un poder civil laico superior al de la Iglesia.

 


El Registro Civil contiene información de vital importancia de las personas físicas, que permite garantizar reglas en torno al estado civil de los ciudadanos mexicanos. Mediante el registro del nacimiento, se acredita la personalidad jurídica del individuo.

 

Algunos autores señalan que el Registro Civil tiene su antecedente más remoto en la antigua Roma, cuando en la época de Servio Tulio se comenzó a llevar un registro de los ciudadanos; sin embargo, su finalidad no era civil, sino más bien política y militar. Ya para el siglo ii de nuestra era, los padres tenían el deber de registrar el nacimiento de sus hijos. Pero hasta mediados del siglo xiv aparecieron en Francia los primeros libros parroquiales que asentaron los registros de nacimientos y matrimonios.

 

También en ese país, durante el Siglo de las Luces, el rey Luis xvi dispuso el establecimiento de un rústico Registro Civil para que los nacimientos, matrimonios y defunciones fuesen inscritos ante los oficiales de la justicia real. Como consecuencia de la Revolución francesa, en 1804 se reguló su funcionamiento al aplicarse el Código de Napoleón, que otorgó al Estado la facultad de autentificar y dar fe de los actos jurídicos civiles de la persona.

 

En México se tiene conocimiento de la existencia de instituciones prehispánicas encargadas de reconocer el parentesco por consaguinidad y afinidad. Durante la Colonia, los libros parroquiales asentaron el bautismo de los fieles católicos; empero, la desigualdad estuvo presente: a quienes pertenecían a las clases altas se les concedió el privilegio de mantener un nombre especial, tal fue el caso del hijo de Cuauhtémoc, conocido como Diego de Mendoza de Austria y Moctezuma. En cambio, a los indígenas y esclavos provenientes de África, se les discriminó quedando asentado en los registros su condición: indios; mestizos si provenían de la unión de la raza blanca con la india; mulatos a los productos de indios con negros; tente en el aire eran llamados los descendientes de mestizos; cuando una mujer mestiza se unía con un indio, entonces se le llamaba salta-pa-atrás; y así, toda una gama de desprecio, mofa y escarnio, muestra de la estratificación social que imperaba en aquella época.

 

Los documentos parroquiales señalaban la fecha de inscripción, los datos generales de los padres, la vecindad, nombre y ocupación de los testigos y, finalmente, en el margen inferior se imprimía exclusivamente la firma del párroco, aunque ocasionalmente suscribían también los escribanos que habían levantado el registro.

 

Fue hasta años después de haberse consumado la Independencia, el 2 de noviembre de 1829, cuando se expidió en Oaxaca el Código Civil, el primero del cual se tiene noticia, y que normó los nacimientos, matrimonios y muertes. Años más adelante, el 17 de agosto de 1833, se secularizaron las misiones de la Alta y Baja California y se prohibió el cobro de derechos por celebración de bautizos y matrimonios, así como por las autorizaciones para los entierros. El periódico El Siglo XIX publicó el 6 de marzo de 1851, el Proyecto del Registro Civil para el Distrito Federal, de Cosme Varela, y en octubre de ese mismo año, durante el gobierno del presidente Mariano Arista, se presentó un proyecto de Registro Civil que daba reconocimiento legal a las “partidas” eclesiásticas.

 

No obstante, el antecedente inmediato a la Ley del Registro Civil promulgada por Juárez tuvo efecto el 27 de enero de 1857, cuando el presidente Ignacio Comonfort decretó la Ley Orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió su creación y organización. Esta Ley comprendía los nacimientos, la adopción y arrogación de personas, los matrimonios, los votos religiosos y los fallecimientos; establecía las bases para la expedición de las actas correspondientes que debían estar a cargo de un oficial del estado civil; lo cierto es que su aplicación quedó de lado al entrar en vigor la Constitución de 1857.

 

Llegada la Guerra de Reforma, el 28 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil. El mandatario, al exponer los motivos de la ley, subrayó la idea de separar cabalmente al Estado respecto de la Iglesia, delimitando el papel que le corresponde a cada uno y reafirmando las tareas que son inherentes al Estado como la más alta organización de la sociedad.

 

Como las demás Leyes de Reforma, la que creó al Registro Civil tiene su origen en los principios republicanos y liberales, así como en las ideas sociales y humanistas de Melchor Ocampo, el rigor jurídico de Manuel Ruiz y la determinación de Juárez de que la ley se ejecutara.

 

Tardaron varios meses para que ocurriera el primer registro de un nacimiento en México. Según el acta fechada en la capital de la República, el 27 de marzo de 1861, un licenciado de nombre Manuel Cordero y su esposa Rosa Codallos presentaron al niño Manuel María —nacido apenas dos días antes— en las oficinas del Registro Civil: en el acta se escribió, para que constara, que “la sociedad protege a este niño desde su nacimiento”. Los testigos fueron Manuel García Granados y Agustín Bonilla. Cabe decir que esta pareja se unió en matrimonio el 24 de abril de 1848. Él era abogado y había nacido en Teziutlán, Puebla, hacia 1821. Ella era oriunda de la Ciudad de México e hija del general Felipe Codallos; al contraer nupcias tenía la doncella 17 años de edad.

 

Pero a consecuencia de la intervención francesa, la institución cerró sus puertas el 31 de mayo de 1863, hasta que, ya obtenido el triunfo sobre el imperio de Maximiliano, en 1867 las volvió a abrir.

 

El establecimiento del Registro Civil fue complicado; México era un país en donde la ignorancia, la apatía, la pobreza, la escasez de oficinas, las grandes distancias y la falta de vías de comunicación de las poblaciones obstaculizaron el registro de las inscripciones. Los nacimientos pasaban inadvertidos para ser registrados, contrastando notablemente con los fallecimientos. Por ejemplo, en una localidad veracruzana no se asentó en todo un año una sola acta de nacimiento.

 

Paralelamente, el registro parroquial sufrió una decadencia debido a la falta de sacerdotes, a la libertad de cultos y a la indiferencia religiosa. Ante la imperiosa necesidad de llevar un registro por parte del Estado porfirista, las personas que no cubrieran con el requisito de inscripción en el Registro Civil se hacían acreedores de una multa de 5 a 50 pesos, e incluso se llegó a crear una policía especial para localizar a los renuentes.

 

Hacia 1890, treinta años después de su creación, el Registro Civil mejoró considerablemente, debido en gran parte a que en algunas entidades las inscripciones eran gratuitas; en otras aumentaron las oficinas, situadas algunas hasta en ranchos y haciendas; así como también el cambio habido en el nuevo clero, que ya no se opuso tajantemente a la disposición oficial.

 

Caso notable se dio en el estado de Tamaulipas, en donde se exigió el acta de nacimiento como requisito indispensable para la inscripción de un infante en las escuelas, bajo pena de multa a los directores que violaran la disposición.

 

En 1882 se sumó a esta gran empresa la Dirección General de Estadística. Con la eficaz dirección de Antonio Peñafiel, los registros mejoraron mucho, aunque todavía siguieron siendo deficientes.

 

Durante el periodo de 1911 a 1921 fue escasa la aplicación del registro civil debido a la destrucción de archivos durante las luchas revolucionarias. Por ejemplo, en Chihuahua, un incendio destruyó la mayor parte de los archivos estatales.

 

En el México posrevolucionario, el gobierno federal organizó campañas educativas y de sanción en caso de omitirse el registro civil; esto ayudó a elevar el número de registros entre 1928 y 1930.

 

A diferencia de otros países latinoamericanos —en los cuales la presencia de la Iglesia, unida al poder oligárquico, retrasó en gran medida la implementación del Registro Civil— en México los procesos de Reforma liberal y Revolución establecieron los derechos sociales y democráticos de los ciudadanos y, con el Registro Civil, se garantizó al ciudadano su pleno derecho, en el sentido de que no se le puede negar a ninguna persona por motivos ideológicos o religiosos. En síntesis, el Registro Civil es una institución pública, independiente de partidos políticos o facciones de poder —y fundamental para el Estado—, cuyo objetivo es dar seguridad a cada ciudadano y a la sociedad en su conjunto, al garantizar la certeza jurídica de la condición civil de los individuos.

 

Ésta es la historia de una de las instituciones pilares del Estado mexicano, próxima a cumplir, el próximo 28 de julio, 150 años de servicio a la sociedad mexicana. Por Roberto Espinosa de los Monteros Hernández, investigador del INEHRM

 
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